Los cazadores
catalanes se han plantado hartos de denuncias y no participarán en el control
de plagas por daños a la agricultura mientras la administración no rectifique.
La nueva ley
aprobada con fecha 29 de abril por la
Generalitat prevé sanciones de hasta 120.000 euros y un nuevo impuesto sobre
las instalaciones que inciden en el medio ambiente como granjas cinegéticas.
Medidas todas ellas que no han sido consensuadas con el colectivo de cazadores.
Entre estas sanciones
está la obligación de poner chips a los hurones o la prohibición de colocar una
parada de batida en un camino. Pasar con el arma cargada a menos de 25 metros
de un camino lleva aparejada una sanción de 3.000 euros.
Molestos con la
actitud de la Generalitat que por un lado les reconoce el trabajo que hacen en
el control de poblaciones como jabalíes, corzos o conejos, mientras que, por
otro lado, les imponen sanciones cada más elevadas.
Hartos de esta
persecución administrativa, los cazadores no volverán al campo mientras no se
resuelva esta situación.
Si los cazadores
no salen al campo a controlar la excesiva población de algunas especies
cinegéticas, los daños en la agricultura se van a disparar exponencialmente. Con
la actividad cinegética paralizada por la pandemia durante estos meses de
confinamiento ya se han constatado daños en algunos cultivos como frutales o
vid.
El cazador es el
único aliado que tiene el agricultor para salvar las siembras y las cosechas
que la fauna salvaje destroza, ocasionando cuantiosos daños económicos en sus
explotaciones agrícolas.
También es
necesario un control de estas poblaciones por el número de accidentes de
tráfico que ocasionan en la carretera, algunos con resultado de muerte.
Poner trabas a
la labor de los cazadores mediante sanciones administrativas, absolutamente
exageradas y desproporcionadas como es el caso, hace que muchos se lo piensen
dos veces antes de salir al campo.
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