Confiemos que de aquí a agosto, que es cuando comienza la media veda se permita de nuevo el regreso a la actividad cinegética, que de momento está paralizada por el decreto de estado de alarma.
Algunas Comunidades Autónomas como Extremadura, ya tienen elaborado los períodos hábiles de caza para la temporada 2020-2021. No ocurre lo mismo en otras como la Comunidad Valenciana o Castilla La Mancha.
Tras las protestas de los agricultores por los daños a sus cosechas, sí se va a permitir, mediante el permiso correspondiente de la Conselleria de Agricultura, y con ciertas limitaciones, la caza del conejo con hurón y las esperas de jabalí, debido a los daños que la fauna salvaje provoca en las explotaciones agrarias. Medida que ha sido criticada por Unidas Podemos, que propone medios alternativos para acabar con la plaga de conejos o la excesiva población de jabalíes. De ellos es la idea, que se demostró absolutamente ineficaz de esterilizar a las jabalinas mediante una vacuna.
El Gobierno en lugar de recurrir a los cazadores para controlar la sobrepoblación de especies como el conejo, el jabalí, la cabra o el muflón; subvenciona con cientos de miles de euros a los grupos ecologistas. Entre 2015 y 2017 estas organizaciones recibieron 12 millones de euros de ayudas públicas, según la revista Jara y sedal, aunque la cuantía de las ayudas podría ser muy superior debido a la opacidad de las cuentas, según estas mismas fuentes.
En fin, los que nos movemos por el campo sabemos de la inutilidad de esas ayudas, que no se corresponden con el trabajo que desarrollan, como sí hacen continuamente los cazadores.
Yo a los ecologistas solo los he visto meterse en medio de una batida de jabalíes para que no se celebrara, pese a contar con todos los permisos legales para su celebración, como no podría ser de otra manera, poniendo en peligro sus vidas y las de los demás porque son unos auténticos irresponsables. En Xátiva se han paralizado varias de estas batidas por parte de organizaciones ecologistas, pese a contar con los permisos pertinentes. Una práctica cada vez más generalizada cuando se realiza una de estas cacerías, que siempre se organizan para controlar la superpoblación de animales que provocan daños en la agricultura. Responsables muchas veces de graves accidentes de tráfico.
Es decir, que se pasan por el arco de triunfo, las autorizaciones gubernamentales de la Conselleria correspondiente, que son las que tienen competencia en esta materia y no ellos.
En Francia, por ejemplo, desde el pasado 11 de abril que lo aprobó el Senado, este tipo de acciones está castigado con penas de cárcel de un año y sanciones económicas que pueden llegar a los 30.000 euros. Aquí en España, las cosas son muy diferentes. No existe una regulación legal que castigue este tipo de delitos.
Muchos utilizan las redes sociales para amenazar e insultar a los cazadores, celebrando cada vez que se produce una muerte de un cazador entre gritos de júbilo. Algunos de estos comentarios, por suerte, han tenido una condena penal ante la denuncia de la fiscalía.
