Curiosamente la medida ha sido aprobada en segunda votación, tras un empate y una acalorada discusión, con el voto a favor de aquellas comunidades que no tienen lobos en su territorio. La decisión aprobaba no es vinculante y deja en manos del ministerio para la Transición Ecológica su aprobación futura. Algo que llegado el caso de producirse, piensan recurrir las comunidades afectadas.
Castilla-León, Galicia, Cantabria y Asturias, donde se concentra el 95% de la población, han votado en contra de la prohibición de su caza. También lo han hecho Andalucía, Madrid, País Vasco y Murcia. No así: Cataluña, Aragón, La Rioja, Extremadura, Castilla La Mancha, Canarias, Baleares y Melilla. Valencia y Navarra no han votado.
Se calcula que solo en Castilla y León los daños provocados por los ataques de lobos a los rebaños rondan los dos millones de euros, con cerca de 4.000 reses muertas. Los lobos matan anualmente más de 15.000 cabezas de ganado en España, según COAG. El último ataque se ha producido estos días en Zamora donde un ataque de lobos ha matado a 59 ovejas en una explotación ganadera.
El lobo ya contaba con un régimen de protección suficiente por lo que su población no está en peligro de extinción. Es más, el cánido se ha ido expandiendo de manera gradual hacia otras comunidades autónomas, donde antes no existían lobos.
Las razones de prohibir su caza son más ideológicas que de conservación de la especie, como señalaba el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Sospecha con la que estoy absolutamente de acuerdo. No hay razones científicas ni técnicas que aconsejen lo contrario.
En España viven actualmente entre 2.000 y 2.500 lobos, según el último censo realizado.
En este caso vuelve a pasar lo que ocurre casi siempre y es que se toman decisiones desde los despachos, sin escuchar a las partes afectadas, en este caso comunidades autónomas y ganaderos, que vienen reclamando desde hace tiempo un control de esta especie, que causa graves daños en las cabañas ganaderas. Las ayudas que perciben los ganaderos por los ataques de lobos son insuficientes y muy difíciles de solicitar porque muchas veces no hay restos del cadáver, ya que después de actuar el lobo llega el momento de las aves carroñeras, como han denunciado las propias asociaciones ganaderas.
Con este paso que se ha dado, si el ministerio finalmente lo convierte en ley, lo que sí puede estar realmente en peligro de extinción es el pastoreo y la ganadería extensiva, pero no el lobo.
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